Más hechos y menos demagogia

El pasado martes día 25 de marzo se repartieron en los distintos centros de enseñanza del municipio de Cehegín una nota firmada por la Sra. Concejal de Servicios Sociales en la se realizaba “un llamamiento a la solidaridad” para con esas familias de nuestra localidad que se están enfrentando “a la dolorosa crisis” (dixit).

En esa nota se anima a la entrega altruista, no podía ser de otra manera, de ropa y comida (conservas, leche, legumbres, pastas, azúcar, harina, cacao….)

Sinceramente me parece una buena idea. El recoger un poco de cada ciudadano que pueda dar algo para repartirlo entre aquellos que nada tienen o padecen serias dificultades, sean estas por las circunstancias que sean me parece magnífico. Aplaudo la idea.

Pero, leyendo y releyendo la nota, me parece sinceramente demagógica.

¿Por qué?

Porque básicamente para predicar hay que dar ejemplo y no es el caso. La idea de recoger para repartir ciertamente aliviará algo la situación de unos pocos o de unos muchos, pero no deja de ser una medida de muy corto recorrido.

Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista ya hace unos meses propusimos en Pleno Ordinario otra medida que no tuvo el apoyo de los miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cehegín y del que forma parte la Concejal de Servicios Sociales (la misma que firma la nota) y que quizá en números puros y duros, sí sería una ayuda para con los necesitados y para los cehegineros en general, ¿Cuál era esta medida? Muy sencilla: Que las percepciones económicas que perciben todos los concejales no liberados, las que perciben los 3 concejales del partido popular liberados y el Sr. Alcalde se redujeran en un 10% desde que se produjo la propuesta hasta el fin de la crisis, también se propuso que se redujeran el número de miembros integrantes de las distintas Comisiones para así también producir ahorro, lo cual, si aliviarían, en cierta medida, las arcas municipales y que estas cantidades fueran invertidas en otros fines, como por ejemplo, ayudar al que lo necesita o cualquier otra medida social.

¿Saben cual fue la respuesta? NO. De reducción de sueldo, NO, de reducción de miembros de las Comisiones, NO y entre los que votaron que NO está la Sra. Concejal de Servicios Sociales.

Sra. Concejal ¿Este no hubiera sido un buen ejemplo de solidaridad, como usted indica ahora en su nota, con estos ciudadanos con serias dificultades, tan cercanos a nosotros?

¿O la respuesta es que “de lo mío” no se toca nada?

Menos demagogia y más acción que el movimiento se demuestra andando.

Y aprovechando que el Argos y el Quipar pasan por Cehegín le voy a proponer otras medidas que seguro que les serán agradecidas por todos los cehegineros y que usted como miembro del equipo de gobierno seguro que es capaz de convencerse así misma y de convencer a sus compañeros “populares” para que las apoyen:


- Exención del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para aquellas familias en situación de desempleo “el recibo de la contribución de toda la vida”

- Exención del Impuesto de Circulación a todos aquellos que se encuentren en situación de desempleo.


- Subvención por parte del Ayuntamiento de Cehegín del 100% de la tasa de basura y agua a todas aquellas unidades familiares en situación de desempleo.

- Gratuidad total y absoluta de los libros de texto.


- El ayuntamiento avalará ante las entidades bancarias a los vecinos empadronados en Cehegín para la adquisición de una VPO (entre 30 m2 y 90 m2), y que tengan que destinar al pago de cuota hipotecaria mensual más del 40% de sus ingresos mensuales. Es decir a aquellos que ganando 1.000 euros, tengan que destinar más de 400 euros al pago de la hipoteca.

Para tener acceso a este aval han de cumplirse las siguientes condiciones:
Unidades familiares con ingresos que no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

Personas que acceden por primera vez a la vivienda.

Jóvenes menores de 35 años.

Personas mayores de 65 años.

Mujeres víctimas de la violencia de genero.

Víctimas del terrorismo.

Afectados por situaciones catastróficas.

Familias numerosas.

Familias monoparentales.

Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias que las tengan a su cargo.

Personas separadas o divorciadas, al corriente al pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso.

Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.

Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

- Reducción del número de concejales liberados.

- Reducción del número de integrantes de las distintas Comisiones, menor número de personas equivale a menor gasto.

- Reducir los sueldos de todos los concejales y el alcalde en un mínimo de un 10%.

- Eliminar todos los contratos de asesorías externas.

- Eliminar todos los gastos de protocolo.

- Eliminar todos los gastos de publicidad y publicaciones.

Todas estas medidas enumeradas, que podrían ser más y más.. SÍ que serían una muestra de interés, de verdadero interés, de solidaridad, de ponerse en el lugar de los demás, de poner en marcha medidas más a largo plazo que le garantizo serían recibidas por los cehegineros y cehegineras con los brazos abiertos.

Solo le queda lo más difícil, como ya dije anteriormente y no me importa reiterarle: Convencer a sus compañeros de partido para que las lleven a cabo y también, convencerse usted misma.

Pero va a ser que no

¡Ojala me equivoque!

¿Reforma del Código Penal?

Este es un tema muy importante y a la vez muy complicado que requiere tiempo para poder expresar una opinión adecuada, ya que son muchos los aspectos que han de tratarse.

Como primera cuestión. ¿Reforma del Código Penal? SI, ¿Cadena Perpetua? NO. El Código Penal, como cualquier otra norma, debe ser adaptada cada vez que sea necesario. Las Leyes no son, por su propia naturaleza y si quieren cumplir con su objeto, algo inamovible. En concreto el Código Penal, representa (o debe hacerlo) el más grave reproche de la sociedad a quien realiza actos que ésta no admite. Es una Ley cargada de contenido moral e ideológico, moral e ideología que se varía con el tiempo. Por ejemplo, hace unos años una mujer casada que mantuviera relaciones sexuales con otro hombre, recibía un castigo a través de la tipificación en el Código de esa conducta que, en su época, era mayoritariamente inaceptable; ahora, sin embargo y gracias a que las sociedades avanzan, sería impensable que se mantuviera ese delito. Cadena perpetúa NO, porque no responde a los principios que, no sólo a mi juicio, sino al de nuestra Constitución, debe tener el sistema penal. La cadena perpetua sólo cumple con uno de los objetivos (ni el único ni el más importante socialmente) que es la vindicación.Para que un sistema jurídico penal sea justo, requiere de varias características entre las que se encuentra la proporcionalidad de las penas, o lo que es lo mismo, que las penas que se imponen estén en relación con la gravedad de las conductas cometidas. En términos generales, si dejáramos el Derecho Penal a la decisión de las víctimas, nos encontraríamos con que se perdería esa proporcionalidad (exigida Constitucionalmente) porque se tendería a un cúmulo de penas altísimas. Es normal, que un padre al que le han asesinado y violado previamente a su hijo, tenga un deseo irrefrenable de venganza y que, si pudiera, la ejerciera con la máxima crueldad con el asesino. Eso es comprensible, pero en ningún caso sería aceptable permitirlo. El Derecho, el Penal también, es, utilizando la antigua terminología del contrato social, la superación de esos impulsos individuales, de la sociedad salvaje del estado naturaleza a la seguridad. En definitiva la superación del "homo homini lupus" (el hombre es un lobo para el hombre) frase celebre de Plauto popularizada por Thomas Hobbes.Cualquier cambio que quiera producirse en el Derecho Penal, no puede realizarse a golpe de tragedia, que normalmente genera paralelamente al dolor de las víctimas, una enorme demagogia. Las reformas legales, TODAS, pero especialmente por los bienes tan importantes que tutelan, deben realizarse tras intensos debates, tiempo de maduración y, sobre todo, mucha sensatez.

Las reformas instauradas en el Código Penal por la Ley Orgánica 11/2003 han sobrevalorado la ansiada seguridad ciudadana dejando en segundo plano la rehabilitación del delincuente y dando un paso atrás en el tiempo de forma que en muchas cuestiones se ha superado con creces a los modelos penales más represores.Esta política ultraconservadora se puede observar con meridiana claridad en el análisis de la agravante por reincidencia que se ha endurecido en un fallido intento de aumentar la sensación de seguridad en la ciudadanía.

Las razones esgrimidas por nuestros legisladores para configurar una mayor punición de la reincidencia no son otras que acabar con la alarma social que actualmente parece sentir la mayoría de los ciudadanos y que se manifiesta con la sensación de que el legislador no hace todo lo que está a su alcance para evitar la delincuencia. La tan manida alarma social está sirviendo a nuestros representantes políticos para adentrarse en un nuevo modelo de política criminal encaminado a la prevención y represión de los delitos de forma muy estricta en aras de preservar la seguridad renunciando a la libertad en un clara política de “tolerancia cero” a la delincuencia multirreincidente.

Estas reformas de aumento exacerbado de las penas, cuyo efecto anticriminógeno resulta más que dudoso, está socavando los principios más básicos del Derecho penal garantista que tanto nos ha costado conquistar.

Se ha demostrado que en nuestro país los medios de comunicación transmiten una imagen de la delincuencia y sus cifras muy distinta a la real.La política criminal de la mayoría de los Estados está apuntando hacia una lucha contra la criminalidad basada en el endurecimiento de la sanción penal, transmitiéndose la idea de que la mayor permanencia en prisión y las normas de régimen penitenciario más severas son una buena receta para la reducción de la delincuencia. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones criminológicas que se han llevado a cabo en Estados Unidos para evaluar el papel que juega el aumento del índice de encarcelación en la disminución de la delincuencia, reconocen que la disminución de la tasa de delincuencia obedece a muy diversas causas sin que el índice de represión haya sido un factor determinante.

El debate sigue abierto. Evidentemente el Código Penal debe ir adaptándose a las nuevas realidades sociales, a nuevos delitos, pero ¿El aumento de las penas hace disminuir el número de delitos? Yo personalmente tengo mis dudas, otra cuestión es ¿Cumplimiento integro de la penas y la consiguiente reforma constitucional?

Derecho a decidir

Aborto (del latín abortus o aborsus, de aborior, "contrario a orior", "contrario a nacer") es la interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo, antes de que éste haya alcanzado las 20 semanas. Después de este tiempo, la terminación del embarazo antes del parto se llama parto pretérmino.

A través de la historia, el aborto inducido ha sido frecuente materia de controversia por sus implicaciones éticas, morales y sociales. Ha sido prohibido o limitado en sociedades diversas y permitido en otras, aunque los abortos continúan siendo comunes incluso donde la presión social y/o la ley se oponen a él. Los abortos en condiciones sanitarias inadecuadas son una causa mayor de mortalidad femenina, con un total aproximado de 68.000 muertes al año según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa alrededor del 13% de las 527.000 muertes maternas, es decir, por razones obstétricas. El porcentaje es muy desigual según las regiones, alcanzando hasta el 30% de las muertes maternas en algunos países. El riesgo es estadísticamente mayor donde el aborto en condiciones clínicas seguras no es accesible, ya sea por razones legales, sociales, económicas o de otro tipo. Este dato ha servido de argumento a favor de la despenalización del aborto, es decir, a favor de que el aborto deje de ser considerado un delito y se legisle.

En nuestro país se está creando una fuerte polémica relacionada con la intención del gobierno de reformar la actual Ley del Aborto, para ello la ministra de igualdad Bibiana Aído se ha reunido con un grupo de expertos. Según se apunta las mujeres con 16 años podrán abortar sin el consentimiento de sus padres y se podrá abortar dentro de las primeras 14 semanas de embarazo.

Ya se han producido los primeros movimientos de grupos provida y de movimientos feministas en pro y en contra de esta reforma, así como el llamado “Manifiesto de Madrid” que también se opone a la misma y el movimiento “blogger” “Las Linces” pro abortista y en respuesta a la campaña de la Conferencia Episcopal que se ha posicionado claramente en contra

Creemos que hay algunos puntos que aclarar:

Desde 1985, cuando se establecieron tres supuestos en los que el delito de aborto del Código Penal no se castiga, nuestro país posee regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Durante los ocho años que el PP gobernó nuestro país, y aunque ahora se lleven las manos a la cabeza, esta legislación no fue derogada, ni modificada. Pero hay más, en enero de este mismo año, 11 de los 18 eurodiputados españoles del PP votaron en Bruselas a favor de incorporar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los países de la Unión Europea. También votaron a favor del matrimonio gay, lo que, por un lado, alberga la esperanza de que el Partido Popular pueda estar, al menos en Europa, sensibilizándose con problemáticas que realmente le preocupan a muchísimas personas, y poniéndose, por fin, en la piel de quienes sufren la intolerancia o la discriminación…

Pero también demuestra una incongruencia absoluta en el seno de su partido. Por ello, sería recomendable que sus dirigentes trabajen en pos de la revisión de sus postulados ideológicos y que dejen a los ciudadanos decidir sobre su propia vida.

En las últimas semanas algunos dirigentes del PP en la Región de Murcia han puesto el grito en el cielo por la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pregunto. Si tanto les escandaliza el aborto, ¿Por qué durante la última década, bajo el Gobierno del PP en la Región de Murcia, las Interrupciones Voluntarias de Embarazos (IVE) aumentaron más de un 300 %?

¿Por qué, desde 2007, nuestra Región está en el tercer lugar en el ranking nacional de abortos producidos?

Como partido gobernante en la Región de Murcia ¿Podrían haber hecho algo por evitar a miles de mujeres pasar por ese trance?

Creemos que sí.

Los dirigentes del PP olvidan que las competencias sobre medidas preventivas y promoción de la salud son ostentadas por el Partido Popular en nuestra Región desde hace casi 14 años.

Pues bien, cerca del 70 % de las mujeres que abortan en nuestra Región (y el 80 % de las mujeres menores de 19 años), no habían tenido acceso a ningún programa, ni a ningún Centro de Planificación Familiar público. Y esto es así porque las políticas preventivas, de planificación familiar y de atención a la mujer del Partido Popular han sido y son un auténtico fracaso.

Entendemos que el aborto es un hecho traumático para cualquier mujer y, por ello, no debe ser la primera opción sino la última. Pero no es menos cierto que las políticas del Partido Popular en nuestra Región se han caracterizado por desmantelar los Centros de Planificación Familiar, por renunciar a cualquier tipo de campañas educativas sobre sexualidad, o por no ejecutar a medidas preventivas que puedan evitar no sólo un embarazo no deseado sino el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Por desgracia en nuestra Región, los dirigentes del PP abogan por una especie de fundamentalismo en el que se antepone una determinada manera de pensar a los derechos de las personas, y más concretamente a los derechos de las mujeres.

Y, ¿Por qué decimos esto?

Porque en nuestra Región el Gobierno del Sr. Valcárcel no da opciones: criminaliza el aborto, se niega a proporcionar de manera gratuita en los centros de salud la píldora del día después, un medicamento fundamental para evitar los embarazos no deseados en mujeres jóvenes, algo que no ocurre en comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Navarra o Extremadura. La liberalización del consumo de la anticoncepción de urgencia en la Región de Murcia, supondría una reducción de hasta un 70% del número de abortos producidos. Además las políticas de planificación familiar y de sensibilización del uso de anticonceptivos, brillan por su ausencia en la Región de Murcia.

Y todo porque los dirigentes del PP quieren hacer valer sus criterios por encima de los derechos de las personas…Se equivocan: esto no es una cuestión de moralidad, ni de creencias religiosas, porque por encima de lo que ellos crean, o por encima de lo que yo crea, está el derecho de la mujer a decidir, en condiciones seguras y sin consecuencias penales, sobre un embarazo no deseado, que es el suyo, y cuya íntima decisión le afecta fundamentalmente a ella.

Gloria Martín Rodríguez

Secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE

Carlos Rodríguez Ibáñez

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cehegín

Sangría reducida

Todos los lunes los distintos medios de comunicación nos informan, entre otros diversos temas, con el número de fallecidos ocurridos en las carreteras españolas durante el fin de semana.

Una autentica sangría.

Es un número espeluznante que se incrementa cuando concurren festivos junto al fin de semana que lógicamente invitan a salir de nuestro entorno cotidiano y lanzarnos a la carretera y no quiero ni pensar en esas famosas “operaciones salida y/o entrada” cuando esos mismos números se multiplican.

Si fueran solo eso “números” la noticia no tendría más relevancia, lo dramático es que junto a esos “números” van inexorablemente unidas verdaderas tragedias humanas.

Estos datos los percibimos con frialdad, a no ser que, por desgracia, nos afecten de cerca, pero si no es así a malas penas les prestamos atención: “75 muertos durante el puente de agosto” podemos llegar a escuchar o leer sin apenas pestañar. Con esta afirmación que es odiosa como todas las generalidades no considero que nos estemos deshumanizando ¿o quizá sí? El lector tendrá sus propias conclusiones, pero empieza a ocurrir y sí me alarma que lo que podría ser excepcional deja de serlo para convertirse en cotidiano, lo cotidiano pasa a ser normal y, la normalidad, pasa por nuestro lado y no la percibimos.

Sea como sea, las cifras, estas cifras son una sangría humana que no respeta ni a mujeres, ni a hombres ni a niños, estos últimos, verdaderos inocentes.

Este artículo no pretende ser crítico, a la inversa, entiendo que las cifras nos hacen alentar mejores perspectivas porque esos números son cada vez más positivos: Año 2006, 3.015 fallecidos; año 2007, 2.741 fallecidos, año 2008, el último, 2.181 fallecido, en sólo tres años hemos logrado llegar a cifras inferiores a las del año 1965, hace 44 años, en plena dictadura franquista y con un parque automovilístico que entonces era 15 veces inferior al actual. Es un logro de todos, porque entre todos lo estamos consiguiendo, son 824 víctimas menos en sólo 3 años, no lo olvidemos 824. Todos debemos felicitarnos, nosotros los conductores como protagonistas, la Dirección General de Tráfico por su empeño y sus campañas de concienciación, la mejora de la red viaria, más kilómetros de autovías, mejores vehículos y más seguros, y sobre todo deben felicitarse esos 824 ciudadanos que bien, uno de ellos, podrías ser tú o yo.

No quiero ser pesimista, al contrario, soy optimista porque en nuestras manos está, lógicamente hay y existirán accidentes inevitables, pero ¿Cuántos se podrían evitar si respetáramos las señales de circulación, los límites de velocidad, no consumir alcohol y/o drogas, si nos leyéramos los prospectos de ciertos medicamentos y nos pusiéramos siempre el cinturón y el casco hasta en los desplazamientos más cortos? Siento ser repetitivo: en nuestras manos está.

No quiero obviar unido a lo dicho anteriormente que los buenos resultados que entre todos logramos año a año, están relacionados con los cambios normativos llevados a cabo a través del Permiso por puntos, la Reforma del Código Penal, el menor tiempo medio de notificación de las denuncias, además del mayor uso del cinturón de seguridad, la reducción a la mitad de positivos de alcoholemia y el control y disminución de la velocidad media de circulación.

¿Está o no en nuestras manos?

La semana que viene haré recuento y no quiero que faltéis ninguno, ni siquiera yo…

¡Y aquí no dimite ni Dios!

....Y no paran de pedir dimisiones....! Creo que han perdido toda la credibilidad politica, y no tienen derecho a realizar esas peticiones.

Haciendo un pequeño trabajo de investigación sobre dimisiones de políticos relevantes estos días, nos hemos encontrado con una serie de datos reveladores de la política española en tiempos democráticos. Adolfo Suárez, presidente del gobierno desde 1977, dimitió en 1981. Después llegó otra dimisión sonora, ya en el gobierno de Felipe González, la del vicepresidente Alfonso Guerra, por la presunta participación de su hermano Juan Guerra, en una cuestión de tráfico de influencias. Sufrió muchos juicios y en ninguno se le pudo probar nada. También podemos citar la del ex presidente de Castilla-León, Demetrio Madrid, por un escándalo que no pasó de lo mediático porque al final la justicia dictaminó que era inocente de todo lo que se le acusaba. No obstante esto sirvió para que Aznar lograra la presidencia de la comunidad castellano-leonesa. Recordamos también la dimisión del que fuera ministro del Interior, Antoni Asunción, que tuvo que dimitir por la fuga de Luís Roldán, cuando apenas llevaba unos días al frente del ministerio. Y no podemos olvidar la del ex ministro de Sanidad, Julián García Valverde, que dimitió por que se le imputaba un delito por unos presuntos hechos irregulares cuando era presidente de RENFE. Posteriormente se demostró que no era culpable.

¿Y en nuestra querida Región? Carlos Collado, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia presentó su dimisión.

Mariano Fernández Bermejo ha dimitido hace pocas fechas asumiendo su error y que ha servido al Partido Popular para "trasladar la mirada mediática" de SUS ESPIONAJES en la Comunidad de Madrid en la se constituyó una esperpéntica “Comisión de Investigación” que justamente ha buscado todo menos investigar, por no hablar aún más de la presunta prevaricación de Camps...

Todas estas dimisiones, exceptuando la de Suárez, corresponden a políticos socialistas.

No conocemos, y corríjannos si nos equivocamos, una dimisión de un alto cargo del Partido Popular, y casos y ocasiones los ha habido por doquier. Recordemos al ex ministro de defensa Federico Trillo, que después del accidente del Yak-42 y su posterior investigación, tuvo los santos huevos (esos que nombraba) de seguir en la poltrona y ahora es el portavoz de “justicia” del PP. Mancha su presencia ese nombre: Justicia.

Otro es Ángel Acebes, ex ministro del interior, que en lugar de haberse "enterrado" políticamente hablando, y desaparecer del mapa, continuó prestando sus servicios al país, sí el mismo que mintió hasta la saciedad con el “ha sido ETA” después de la masacre del 11-M ¿Y que me dicen del señor Aznar?, ese presidente que nos metió en una guerra ilegal, que poca falta nos hacía, vendiéndonos el cuento de que habían armas de destrucción masiva, cuando no era cierto. Se fue por si sólo, pero cuando acabaron sus 8 años de mandato, las urnas le hicieron ver su "buen trabajo realizado".

En definitiva, ¿Qué potestad tiene la derecha española para pedir dimisiones cuando nunca ellos han dimitido?, ¿Cómo es posible aguantar tanto caradura junto? Los dirigentes del PP se sienten infalibles: Nunca se equivocaron, nunca se equivocan y nunca se equivocarán.

¿Y en Murcia? ¿Hablamos de nuestra querida Región? ¿Quien dimite? ¿Quién asume cualquier tipo de responsabilidad politica?

Vamos a realizar un pequeño recordatorio de la autentica vergüenza nacional de imputados que tiene el PP por una u otra causa (todos ellos, claro, presuntos…) : José Martínez Andreo (alcalde de Totana), prevaricación y tráfico de influencias), Manuel M. Sánchez (alcalde de Archena), delitos urbanísticos, Antonio Tamayo (alcalde de Cieza), delitos urbanísticos y contrataciones ilegales, José Luís López (alcalde de Villanueva), delitos urbanísticos y medioambientales, José Bolarín (alcalde de Ulea), delitos urbanísticos y tráfico de influencias, Pedro A. Sánchez (alcalde de Puerto Lumbreras y nº 1 en todas las quinielas como sustituto de Valcárcel), varías querellas por delitos urbanísticos, José Hernández (ex alcalde de San Javier), delitos urbanísticos, Matías Carrillo (alcalde de Fortuna), compra de votos, Daniel García (alcalde de Torre Pacheco), delitos urbanísticos, Juan Ramírez (alcalde de Águilas) delitos urbanísticos, entre ellos, La Zerrichera, J. A. Blasco (1º Teniente Alcalde de Abanilla), falsificación de documentos, Leandro Pérez (ex concejal en Mula), delitos urbanísticos, Joaquín Peñalver (Urbanismo Murcia), delitos urbanísticos, Antonio Alvarado (ex director general), delitos urbanísticos, Marco Ortuño (ex director general), delitos urbanísticos, José Mª Ródenas (subdirector general de urbanismo), delitos urbanísticos, Encarna Muñoz (ex directora general del medio natural), delitos urbanísticos, Manuel Alfonso Guerrero (ex director general de urbanismo), delitos urbanísticos, Lázaro Mellado (alcalde de Alcantarilla), delito medioambiental, Gregorio Guerrero (concejal de Fortuna), delitos urbanísticos, Juan Cánovas (ex presidente Confederación Hidrográfica del Segura) delito medioambiental, José Martínez (ex alcalde de Librilla y único expulsado, que no dimitido), corrupción y cobro de comisiones ilegales), Juan Morales (diputado regional, ahora en el Grupo Mixto y ex alcalde de Totana), delitos urbanísticos y cobro ilegal de comisiones y “el gran mullidor” Francisco Marqués (ex consejero y ex delegado del gobierno de Aznar), prevaricación, cohecho y delito fiscal.

¿Quien es el que debe asumir la responsabilidad ÚLTIMA de que bajo su MANDATO se han cometido los mayores casos de presunta corrupción.... de toda la historia de esta, nuestra tierra?

Sinceramente todo apunta a una sola persona

¿Adivinan quién es?

Carmen Baños - Carlos Rodríguez

Por la igualdad plena

El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El origen de esta fecha se remonta a 1857 cuando en Nueva York hubo una marcha de mujeres trabajadoras en protesta por las duras condiciones de trabajo. El 8 de marzo de 1977 las Naciones Unidas declaró “El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras” y desde entonces lo venimos celebrando.

32 años después sigue siendo necesario la celebración de este día, dada la persistente desigualdad entre hombres y mujeres, dadas las menores tasas de actividad y ocupación, mayor desempleo, mayor temporalidad, segregación laboral y una más que evidente discriminación salarial (en la Región de Murcia, las mujeres cobran un 30% menos de salario por realizar el mismo trabajo).

En 2007, un gobierno progresista, el gobierno de Zapatero, redactó y aprobó la “Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres” que incorporó derechos, como el permiso de paternidad, permisos de lactancia, prestaciones por maternidad, entre otros muchos…

Aún es poco. La igualdad entre hombres y mujeres no es aún ni real ni efectiva, queda aún un largo camino, que avanza lentamente, paso a paso, piedra a piedra, pero es un camino que se ha de recorrer hasta su término, hasta ese momento, espero que no utópico, en el que no sea necesario el que celebremos un día como este.

Unido a esto, todos y digo bien, todos, debemos trabajar para eliminar esa terrible lacra social como es la violencia contra las mujeres, acto vil y cobarde, donde son necesarias más actuaciones en todos los ámbitos, a nivel estatal, regional y local, para evitar, reitero, entre todos, que no se repitan números como los del pasado año 2008, en el que fueron asesinadas 70 mujeres y 13 niños. Terrible.

Cifras como estas no se pueden consentir. Son un insulto para todos. Yo personalmente me siento avergonzado. Debemos concienciarnos todos y nosotros los hombres no nos podemos convertir en crueles verdugos (perdón por la generalización) y por eso aplaudo cualquier medida que se lleva a cabo para ponerle fin, como la tomada por el Tribunal Constitucional que avala que sea considerado delito las amenazas leves a mujeres por parte de sus parejas. Debemos acabar el problema desde la misma raíz.

Reitero que todas las medidas son pocas, pero no nos podemos poner una venda y no ver la cruda realidad que nos dice que el Gobierno Regional del Sr. Valcárcel incumple la Ley de Igualdad. Casi dos años después de aprobarse la Ley de Igualdad y de protección contra la violencia de género en nuestra región aún no se ha aprobado un Plan General de Igualdad tal y como marca la Ley. El Gobierno de Valcárcel tampoco ha realizado actuaciones dirigidas a incrementar la elaboración y aprobación en los Ayuntamientos de Planes Municipales de Igualdad, como tampoco se ha realizado la elaboración de un III Plan de Acciones contra la violencia hacía las Mujeres ya que el que existe terminó su vigencia en el año 2005 y el también retraso de la puesta en marcha del Fondo Económico de Emergencia para atender necesidades inmediatas de víctimas de la violencia de género ¿Estará Karabatic en ello?

Todos debemos sumarnos a la celebración de este día, dado, que aún hoy por todos los motivos expuestos es un día de obligado cumplimiento como recordatorio general.

Son necesarios muchos cambios con el fin de que la sociedad sea cada vez más igualitaria entre ambos sexos de tal modo que se equipare tanto la responsabilidad y derechos personales, profesionales y sociales. Es necesaria una sociedad más justa y libre donde la igualdad entre las personas sea una vía para mejorarla.

Por todo ello reivindico y os animo a uniros a mi petición para que se lleven a cabo los cambios oportunos para que se llegue a una total y absoluta equiparación de las condiciones económicas, laborales y sociales de las mujeres.

Para finalizar: Ante la violencia machista, tolerancia cero.

Jóvenes e inmigración

El Instituto de la Juventud (Injuve), organismo dependiente del Ministerio de Igualdad cuya titular es Bibiana Aído, ha presentado el sondeo de opinión sobre “Jóvenes e inmigración”. Este es un sondeo fundamental, realizado en toda España entre jóvenes entre 15 y 29 años, porque de él podemos hacernos una idea de la imagen que nuestros jóvenes tienen sobre la inmigración, los cambios producidos en los últimos años y constatar que se está produciendo una superación de los perjuicios existentes que contribuirán a una mejor integración de los inmigrantes en la sociedad.

El aumento, en los últimos diez años de la población extranjera ha sido constante, a fecha de 1 de enero de 2008, la población de entre 15 y 29 años es de 8.908.267 personas (un 82.5%) de los cuales 1.562.566 son extranjeros (un 17.5 %). Los colectivos de jóvenes más numerosos son los rumanos (268.208), los marroquíes (209.359) y los ecuatorianos (137.415).

Nuestros jóvenes consideran en un 48% del total que la inmigración es positiva para los países que la reciben, esta es una percepción que ha ido mejorando paulatinamente en los últimos diez años, lo que nos hace albergar la idea que sucesivamente esta percepción irá en aumento.

Así podemos observar que nuestros jóvenes consideran:

- Que la evolución de los inconvenientes asociados a la inmigración parece incidir no tanto en los efectos negativos sobre el empleo o la seguridad ciudadana, como en una percepción excesiva del número de inmigrantes en nuestra sociedad. Esta percepción es refutable, porque es más una sensación que una realidad. Nuestros jóvenes “perciben” una presencia de extranjeros de un 26% del total cuando en realidad es de solo un 11%, además constata el sondeo de opinión que las personas jóvenes con niveles socioeconómicos y formativos más bajos perciben en mayor medida como excesivo el número de inmigrantes.

- Que la gran mayoría de los jóvenes se muestran tolerantes en cuanto a sus relaciones con la inmigración: No les importaría convivir en su vecindario o en su edificio con extranjeros, tampoco muestran inconvenientes en sus relaciones laborales, ni en las relaciones de sus hijos con inmigrantes.

- El 70% de nuestros jóvenes declaran tener entre su grupo de amigos alguna persona inmigrante, especialmente de nacionalidad marroquí, colombiana, ecuatoriana y argentina y un 60% afirma contar con inmigrantes entre sus compañeros de trabajo o estudios.

- La mayoría se muestra favorable a que la inmigración instalada en España de manera estable y regular tenga derechos sociales: Paro, Reagrupación familiar, Nacionalidad, Voto…

- Un 64% considera positiva para la sociedad la diversidad cultural, racial y religiosa asociadas a la inmigración y consideran que los inmigrantes deberían poder mantener los aspectos culturales no conflictivos con las leyes.

- La inmensa mayoría, un 86%, desaprueba las acciones de grupos racistas y xenófobos y consideran que la existencia de esos grupos tendrían poca o ninguna aceptación en nuestro país.

Esto opinan los jóvenes españoles en un asunto a veces tan peliagudo como es la inmigración, es un hecho fácilmente observable que vivimos en una sociedad diversa y que esa diversidad nos enriquece a todos. Debemos entre todos realizar acciones educativas y sociales a todos los niveles para que la diversidad sea contemplada como un aspecto más de la convivencia. Una convivencia pacífica y enriquecedora. Los inmigrantes son personas, personas que pagan sus impuestos, personas con deberes pero también con derechos, debemos ampliar nuestro horizonte mental y no ver al diferente como un extraño, es otro ciudadano más con un origen distinto, una religión quizá distinta y unas costumbres diferentes pero no es más o menos persona que cualquiera de nosotros. Este sondeo sin ser malo puede y debe mejorarse, entre los jóvenes y entre los adultos. En nuestras manos está.